Confirman la libertad del gendarme misionero acusado por corrupción

Viernes 23 de agosto de 2019
El escándalo salió a la luz el 9 de octubre del año pasado, cuando allanaron el escuadrón de Las Palmas.
Carlos Cardozo

Por Carlos Manuel Cardozo fojacero@elterritorio.com.ar

La investigación contra el jefe de Gendarmería misionero acusado de varios hechos de corrupción cometidos en el Escuadrón 14 de Las Palmas, Chaco, seguirá avanzando con el uniformado en libertad, luego de que la Cámara de Apelaciones de esa provincia confirmara el beneficio. 
Se trata de Hugo Héctor Procop, oriundo de Concepción de la Sierra, quien tiene una extensa trayectoria en la fuerza y ostenta la jerarquía de comandante principal. El hombre está acusado de fraude a la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y sustracción e inutilización de objetos custodiados, según pudo saber El Territorio en base a fuentes consultadas.
La última resolución estuvo a cargo de la Cámara Dos y firmada por las juezas María Delfina Denogens y Rocío Alcalá, luego de la apelación a la liberación de Procop interpuesta por parte del fiscal Patricio Sabadino. Entre los argumentos esgrimidos, se consideró que no existe riesgo de que el funcionario público entorpezca la investigación, ni que se fugue.
Es que la investigación judicial está pronta a llegar a su fin, por lo que no restan medidas por solicitarse más allá de pericias que ya fueron encargadas sobre documentación incautada. Además, se valoró que la pesquisa está a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), por lo que Procop no tendría forma de entrometerse. 
En este sentido, también se tuvo en cuenta que el comandante principal tiene domicilio fijo, familia constituida y hasta ahora ha cumplido con los requerimientos que le impuso la Justicia: presentarse cada 30 días en la delegación de la PFA de Posadas. Además, no posee antecedentes. 
De esta forma, Hugo Procop aguardará la continuidad del proceso y un futuro juicio en su casa, si es que sigue cumpliendo con las condiciones impuestas. 

Situación comprometida
De todas formas, esto no significa que su situación no sea comprometida. En mayo de este año, la misma Cámara de Apelaciones de Chaco confirmó su procesamiento por los delitos expuestos -en ese entonces con prisión preventiva- y también se le dictó falta de mérito por falsificación de documentos públicos. Además, el acusado tiene un embargo sobre sus bienes por la suma de 1.200.000 pesos. 
El escándalo que involucra al gendarme misionero salió a la luz el 9 de octubre del año pasado, cuando efectivos de la PFA y Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Nación concretaron una serie de allanamientos en el Escuadrón de Las Palmas y los domicilios particulares de Procop -quien era el jefe- y siete subordinados suyos.
Según lo que se reconstruyó en la pesquisa llevada adelante por la jueza Zunilda Nireperger, uno de los delitos más documentados en la pesquisa es la compra irregular -más bien simulada- de alfalfa y avena para caballos del Escuadrón. 
Los informes internos consignan que se compraron esos productos por el valor superior al millón de pesos, pero nunca fueron entregados.
En esta maniobra aparece el empresario local Rubén Darío F., dueño de Vittal Agua. Mediante la documentación incautada por los investigadores, la principal actividad de la empresa de este hombre era la provisión de agua, se registró en Afip como proveedora de alimento balanceado para animales. 
El único fin de esa formalidad, se entiende, era “vender” a Gendarmería Nacional.
En este sentido, también se incorporó la declaración testimonial de una comerciante que dijo haber pagado una coima de 50.000 pesos “como señal de buena voluntad” y para que le den el mismo negocio, aunque finalmente no fue licitada. El monto final a pagar acordado presuntamente con Procop, dijo la mujer, era de 200.000 pesos.
Además, se detectó que se confeccionaban planillas de patrullajes falsas, donde se anotaban para cobrar horas extras. También algunos procedimientos de secuestro de mercaderías no eran registrados y, al parecer, se usaban para “pagar favores, comprar testigos y protocolo político”. Incluso, incurrieron en el robo de encomiendas secuestradas. 
Para estas maniobras, según entiende la jueza Nireperger, Procop y su segundo se valieron de presiones y hostigamientos a sus subordinados a quienes le ordenaban que omitan registrar esas actividades o, incluso, que incriminen a otros uniformados. 
Amenazaban, sobre todo, con traslados arbitrarios. En el expediente aparece -entre otros- el testimonio de una uniformada, quien en sede judicial señaló directamente al misionero Procop por las encomiendas. 

En cifra

$50.000

Una comerciante de la localidad declaró haber pagado 50.000 pesos de coima para que le adjudiquen la provisión de alimento para caballos.


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